El que no cumpla ¡a la trena!, aunque llore.
El cabreo del pueblo ha espoleado a los políticos. Lo que para ellos no tenía límite está llegando a su fin. El poder de los gobernantes no es inherente a su persona, radica en el electorado. Elegimos a nuestros representantes, y estos deben gestionar todos los bienes del estado: con rectitud y equidad en materia jurídica, y buscando siempre el menor costo y la compensación máxima en cuestiones económicas.
Los representantes públicos se han atribuido más poder del conveniente, y así han promulgado leyes y planificado directrices a su antojo. Han despilfarrado, sin respeto ni justificación, el dinero que les hemos confiado. Todo en detrimento del bienestar social que merecemos. Así no podemos seguir. Para sanear la economía española y recuperar la calidad humana que hemos perdido hay que destituir a todos los cargos políticos, retirarles las prebendas reconocidas y nombrar nuevos gestores, eficaces, que se ganen el sueldo. Algunos serán decentes, pero la cultura adquirida hasta ahora no es buena.
Gobernar un país es más fácil que administrar una familia o una empresa. Padres y empresarios padecen una inestabilidad económica sin precedentes, sin embargo la Hacienda estatal tiene asegurada su fuente de ingresos: el contribuyente. Lo único que ha de hacer es recaudar lo justo (no como hasta ahora) para cubrir todas las necesidades que corresponden a un “Estado de bienestar social”. Sólo eso. Sobrará con ajustar los ingresos a los gastos. Ni un céntimo más ni menos. Eso sí, todo controlado por una auditoria permanente, libre y colegiada, nombrada en las urnas, no por la clase política. A partir de ahí, nuestros apoderados deberán rendir cuentas y cumplir los objetivos encomendados. ¿Drástico? No. Eso es lo que nos exigen a todos en nuestros trabajos.
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